Estimados ciudadanas y ciudadanos:

Una vez más en nuestra historia, atravesamos momentos de oportunidad, que como todos los anteriores, pueden aprovecharse para empezar a realizar por fin la promesa de la vida peruana, como decía Basadre, es decir, la promesa de la república de hombres y mujeres libres con condiciones de vida dignas de su humanidad. Pero también, como casi todos los anteriores, pueden desaprovecharse de manera que la situación de marginación y exclusión social en la que millones de peruanos y peruanas viven, se mantenga sin esperanzas fundadas de un futuro mejor.

Y el aprovechamiento de estos momentos oportunos supone, entre otras varias razones, que quienes tienen las principales responsabilidades por ellos, es decir, quienes asumen responsabilidades políticas, respondan, valga la redundancia, a los problemas que sus encargos suponen. Y en el Perú estos no son pocos ni de poca monta. Pero las capacidades de los peruanos y peruanas tampoco lo son.

Lamentablemente, los recientes 20 años han sido de irresponsabilidad extrema de quienes debieron responder por el cuidado y el desarrollo de los habitantes del país. Efectivamente, tanto respecto del cuidado de la vida económica de los ciudadanos, como incluso en el más grave aspecto del cuidado de su vida e integridad personal en general, hemos asistido, por decir lo menos, a graves descuidos, de los cuales aun no podemos recuperarnos y cuyas secuelas vienen estorbando nuestras vías de progreso como país.

En ese sentido, y teniendo en cuenta la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Constructores Perú desea llamar la atención sobre aspectos centrales de las responsabilidades políticas correspondientes, esperando contribuir a que de un lado, quienes fueron responsables de los descuidos referidos, dejen de tratar de evadir o eludir la necesaria rendición de cuentas que políticamente les corresponde, y de otro, a que quienes en estos momentos asumen responsabilidades públicas o pretendan hacerlo, lo hagan de cara a las poblaciones a las que se deben en especial a las que más promoción requieren.

Las responsabilidades por la guerra interna de finales del siglo XX

No hay duda. En el Perú se vivió una sangrienta guerra interna en las dos últimas décadas del siglo pasado, germinada años antes. Y las escalofriantes cifras de muertos o desaparecidos, así como el que la mayoría de las víctimas fueron campesinos quechuahablantes, revela nuestro fracaso como República, es decir como espacio para la convivencia de hombres y mujeres igualmente dignos y reconocidos en su vocación para la libertad. Asimismo, muestran que la vida y dignidad de muchos habitantes, importó poco o nada.

Como ciudadanos que apostamos por la construcción de un país habitable por todos quienes quieran convivir libre y pacíficamente, consideramos que las dirigencias políticas que en su momento no salvaron su responsabilidad, siguen debiéndole cuentas al país, por su torpeza, su inacción o su consentimiento ante las masacres que durante la guerra interna se cometieron, sin importar si sus ejecutores fueron miembros de Sendero Luminoso, el MRTA, comités de autodefensa subordinados al Ejército, miembros de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales.

En efecto, aun cuando los asesinatos, torturas, secuestros o robos se deban a contingentes de Sendero Luminoso o el MRTA, había responsables políticos encargados de prevenir o neutralizar su accionar. Es decir, de conducir una estrategia para derrotar la subversión terrorista. Pues la subversión violenta es ante todo un problema político. Pero los encargados de la conducción del Estado en la década del 80, abdicando de sus responsabilidades políticas, lo trataron como si fuera un mero asunto policial primero y militar después, obviando su dimensión política, pese a múltiples advertencias en ese sentido, y pese a que ni las Fuerzas Policiales ni las Fuerzas Armadas estaban preparadas para afrontar el tipo de subversión que padecimos. ¿O es que acaso puede admitirse que nadie entre nuestras autoridades públicas de alto nivel era responsable por la seguridad de los ciudadanos de Paraíso, Aucayacu o Cayara, por ejemplo, tan dignos como cualquier otro en cualquier otro lugar? Por otro lado, no se salvan quienes desde los partidos de oposición en los 80 durante mucho tiempo se mostraron ambiguos frente a la opción por la guerra asumida por el MRTA y principalmente, por Sendero Luminoso, opción injustificable en un régimen con canales democráticos para llegar a las direcciones públicas, como lo era, con todas sus deficiencias, el Perú que salió de la dictadura militar de los 70. Mientras que en los 90 la dirigencia política del Perú fue asumida por una organización criminal, que convirtió a la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en un instrumento de su accionar delictivo, llegando a organizar bandas de asesinos orgullosos de serlo.

Lo que no implica que esté totalmente salvada la responsabilidad institucional de éstas, en la medida en que no se ha hecho el necesario deslinde con los encargados de las operaciones, a todo nivel jerárquico, que supusieron la comisión de delitos contra la humanidad, o si se prefiere, crímenes de guerra que ningún ejército civilizado debería admitir. Al respecto, debe recordarse que la esencia de los cargos militares o policiales era y es proteger a la civilidad. Para ello se les confía autoridad y armas. Un médico cuya negligencia lleva a poner en peligro la vida de un paciente, un ingeniero cuya impericia puede causar el derrumbe de un inmueble, un agente financiero que abusa de su posición para beneficiarse indebidamente, etc, deberían ser duramente sancionados no sólo por ocasionar daño a otros, sino también por el peligro que representan para la estabilidad y bienestar de su comunidad, y especialmente por defraudar la confianza que la sociedad les otorga para ejercer sus poderes. Pues todo poder implica una responsabilidad. Y tener el monopolio del uso del poder armado implica una gigantesca responsabilidad. De modo que quien sea incapaz de asumirla debe inmediatamente cesar en sus funciones, respondiendo por sus negligencias, más aun por sus delitos.

Pero también hay responsabilidad en numerosos grupos sociales, en especial los más acomodados, por la indiferencia ante el desangre de nuestras comunidades andinas, hasta que la guerra llegó mucho más cruda a las ciudades costeñas, en especial a Lima. Si quienes tenían capacidad de influir en las decisiones públicas hubieran hecho cuestión de Estado ante las atrocidades de la guerra interna, el desarrollo de ésta hubiera cambiado radicalmente.

No podemos, sin embargo, dejar de recordar a quienes, individual o colectivamente, en sus familias, partidos, asociaciones o centros de estudio o trabajo, trataron de visibilizar el sufrimiento invisible de las víctimas de la guerra, sin importar de donde llegaban las balas. Mostraron que también en el Perú, aun en los peores momentos, hay espacio para la esperanza.

Las tareas que la verdad exige: las que nos lleven a la reconciliación social con las víctimas

En ese sentido, para Constructores Perú tan importante como precisar las responsabilidades, en especial las responsabilidades políticas, por las tragedias de la guerra interna, es atender a las tareas necesarias para evitar que alguna vez se repitan. Asimismo, para nosotros la reconciliación, cuando no se trata de la que se pueda dar según la conciencia de cada uno de los involucrados, es la que se le debe a las víctimas. El Estado peruano que debía protegerlas y los sectores sociales que fueron indiferentes ante su sufrimiento, están en falta con ellas, y deben reconciliarse con ellas. Lo que a nivel institucional implica definir prioridades y actuar en consecuencia, a todo nivel, incluyendo el presupuestal.

Por ende, se hace impostergable el llevar a cabo las reformas que garanticen, además de entornos sociales seguros, el acceso de todos, pero en especial de quienes viven en la marginalidad o exclusión social, a servicios de salud que les garanticen su desarrollo vital; a la educación con la calidad suficiente para vivir plenamente su condición de ciudadanos; y al servicio de justicia que les permita resolver pacífica y rápidamente conflictos. Y replantear prioridades estatales implica replantear el rol del Estado en la economía y ante la prestación de los servicios públicos a las ciudadanas. Considerando que la necesidad esencial de su prestación a la población, hacen de este tema uno crucial en la agenda de cualquier proyecto político.

La necesidad de la regulación social de los servicios públicos

En la década del 80 las intervenciones políticas en la economía llevaron a un fracaso de tal magnitud que en los 90 la población aceptó el discurso de subordinación de la política e incluso de la ética, a la economía. A tal punto que se implementó un sistema de mercado basado en el “consumidor”, antes que en el “ciudadano”, lo cual compatibilizaba con el proyecto político autocrático que se iba imponiendo. Sin embargo, en el mercado real del Perú, antes y ahora, no todos son consumidores. Por lo que una opción que respete a las personas exige revisar ese modelo desde lo técnico-económico y también desde lo político.

En efecto, toda persona necesita consumir agua, y que ésta tenga las condiciones de salubridad o potabilidad que le permitan tener una vida saludable. Así, es posible afirmar que el derecho a la vida y a la salud, implican la exigencia universal de una provisión adecuada de agua. Lo mismo ocurre con los sistemas de saneamiento, como el desagüe, el tratamiento de excretas y otros servicios vinculados.

Algo similar ocurre con la energía y las telecomunicaciones, elementos estratégicos para el desarrollo. El acceso a estos servicios, del que carecen muchos pobladores de zonas rurales, es tan importante como su buena calidad y permanencia, condiciones que no se cumplen para muchos pobladores de las urbes del Perú.

Por otra parte, el servicio de transporte viene significando una amenaza para la vida y la seguridad de la población. Precisamente, lo que ocurre en este sector grafica claramente la forma en que operó el modelo que se quiso implantar desde el régimen autocrático: El abandono brusco, siguiendo planteamientos extremistas, de la responsabilidad por la prestación de ciertos servicios públicos, generó el caos en varios sectores que quedaron sin regular, sin que las fuerzas del mercado llevaran a una mayor garantía de eficiencia y calidad. En el caso del transporte se dejó librado al mercado la regulación de precios y tarifas, promoviendo la competencia pero sin cuidar ningún parámetro que asegurara la mejora de la calidad y por ende, la extensión de las libertades de los individuos.

De esa manera, también puede afirmarse el fracaso de quienes le plantearon al país librar a las fuerzas del mercado la garantía del acceso, calidad y precio de los servicios públicos. El ciudadano hoy tiene que pagar por servicios de agua y electricidad y transporte de mala calidad, en la mayor parte de los casos y en muchos casos por servicios que ni siquiera recibe, sin contar con mecanismos adecuados para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los responsables de prestarlos.

En consecuencia Constructores plantea una mirada desde aquellos que están excluidos o marginados de los beneficios del actual modelo económico, llamando a contrastarlo con sus causas y efectos en el “mundo de la vida” de cada ciudadano. Y a partir de ello, revisar las reglas constitucionales del rol del Estado, para afirmar la construcción de un modelo sostenible e inclusivo, sin apasionamientos ni dogmatismos.

En ese sentido, insistimos en el análisis político de la economía, partiendo de la regulación de la prestación de los servicios públicos más próximos a las ciudadanas, así como en las políticas tributarias y fiscales, aspecto esencial para financiar un desarrollo equitativo.

El financiamiento democrático del desarrollo: la tributación con equidad

Precisamente, en los últimos días se ha planteado una posible reforma tributaria que permita hacer frente a la cada vez mayor necesidad estatal de incrementar recursos para hacer frente al déficit fiscal que se avecinaría. Se busca lograr:
(i) la racionalización de los incentivos tributarios (incluidas las exoneraciones de carácter territorial), a fin de distribuir la carga tributaria sobre la base del principio de igualdad,
(ii) la reestructuración del régimen del Impuesto a la Renta con el propósito de corregir las actuales distorsiones, y transformarlo en un impuesto que grave la real capacidad contributiva de los ciudadanos,
(iii) la creación de un nuevo régimen aplicable a los pequeños contribuyentes, con lo que se contaría con un instrumento eficaz para promover la formalización tributaria, y,
(iv) un proceso de “bancarización” de la economía que permita un mejor control del sector financiero nacional así como su promoción y potenciación.

La propuesta pretende una reforma tributaria integral pero pensada en un periodo corto, con la finalidad de que pague cada cual sus tributos en relación a las rentas que genere (que paguen más quienes más tienen).

Sin embargo, no hay en la base un análisis inteligente respecto a lo que ocurrió en el Perú en esta materia, cuanto menos en los últimos diez años. Para ello sería necesario preguntarse, por ejemplo, si la celebración de convenios de estabilidad tributaria fue beneficiosa o no para el país, o si las normas sobre beneficios tributarios territoriales y sectoriales lograron los objetivos con los que se expidieron. Es decir, no se ha planteado un proceso de verificación y análisis de las políticas tributarias seguidas en los recientes años, para, sobre esa base, poder evitar repetir historias negativas del pasado o realizar balances que permitan ver cuales son las opciones hacia el futuro.

En ese sentido, si hacemos una revisión a lo ocurrido en el Perú en materia tributaria en los últimos quince años, podemos recoger una serie de enseñanzas sobre las que debe basarse el futuro tributario del país:
1. No es bueno el apelar a un sistema tributario siempre transitorio, en el que la modificación constante de la normatividad tributaria se convierte en regla. Se requiere un sistema en el que los cambios normativos se den de manera ordenada y previsora. Con la eliminación de la transitoriedad en el sistema tributario se genera previsión empresarial, con lo que resultaría innecesario el mantenimiento de políticas de celebración de convenios de estabilidad tributaria.

2. Debe promoverse la discusión pública de las medidas tributarias futuras, de tal modo que las disposiciones normativas se aprueben sobre la base del convencimiento colectivo.
3. El modelo tributario y el proceso de modificación normativa debe basarse en el irrestricto respeto a los principios y derechos constitucionales, especialmente los tributarios.

4. Se debe apostar a mantener una Administración Tributaria moderna y eficiente, que sea respetada y promovida por la ciudadanía y por el propio poder político.

5. El país no puede seguir basando su recaudación en impuestos indirectos (como el IGV e ISC) que por definición son regresivos pues afectan fundamentalmente a los más pobres. Éste es un camino facilista y se desarrolla sobre la base de entender que lo importante es recaudar y no hacerlo con justicia. Por el contrario, deberíamos transitar a un modelo en el que los impuestos directos contribuyan mayormente a la generación de ingresos estatales.

De esta manera podremos sentar las bases para la viabilidad presupuestal que el impulso estatal al desarrollo requiere. Sin embargo, quienes quieran asumir la dirección política del desarrollo peruano, han de asumir que el Perú es problemático. Y quienes al gobernar o luego de hacerlo pretendan echar la culpa de sus fracasos a otros, o traten de justificar barbaridades, no son sino políticos irresponsables, debiendo apartarse o ser apartados de la vida pública. Por el contrario nuestra apuesta es porque la vida peruana, en sus diferentes facetas, sea protagonizada por quienes la vivan con el espíritu listo para dialogar y dejarse iluminar por la verdad que resulte del diálogo de todos. Sólo así nuestro pasado, en sus diversos campos, será fuente de advertencias e inspiración para lograr una República de todos, plenamente ciudadanos.

Perú, 27 de agosto de 2003

PARTIDO POLÍTICO CONSTRUCTORES PERÚ
Comité Ejecutivo Nacional